El objetivo de las Directivas (UE) 2016/1164 y 2017/1852, en cuanto a la lucha del fraude fiscal, han sido endurecidas por parte del Ministerio de Hacienda, cuya pretensión es aumentar los costes económicos de los Transitarios y Representantes Aduaneros al hacerles responsables solidarios de la deuda aduanera y tributaria de las operaciones de comercio exterior de sus clientes.

El anteproyecto contempla medidas tan lesivas como hacer a los Representantes Aduaneros responsables subsidiarios del IVA a la importación durante un período de cuatro años y no cuando finaliza el procedimiento de declaración en Aduana y levante de las mercancías, como se hacía hasta ahora. Además, también se amplía a cuatro años la responsabilidad solidaria por el IVA devengado por las mercancías en los depósitos distintos de los aduaneros, cuando actualmente esta responsabilidad finaliza cuando la mercancía sale del depósito.

Otro punto del Anteproyecto de Ley que, de aprobarse, sería muy perjudicial para el sector, es el referido a las sanciones previstas si se detecta un error, aunque no haya dolo, en las declaraciones y documentos relacionados con las formalidades aduaneras, la sanción pasaría de los actuales 200 euros, después de sus correspondientes reducciones por el hecho de pagar en plazo y por no recurrir la sanción, el importe final es de 150 euros, a los 600 euros.

Todo ello  repercutiría también en el desvío de los tráficos a otros países más laxos con la legislación aduanera, en la repercusión de costes en las consignatarias, y navieras, y generaría trabajo precario y aumento de desempleo en todo el Sector Marítimo Portuario.

Por todo lo anterior, El Sector del Mar de CCOO, insta a todas las partes implicadas a consensuar una modificación al Anteproyecto de Ley Antifraude que permita la estabilidad  laboral, el empleo de calidad, y que no suponga ningún agravio  económico en el Sector  Marítimo Aduanero.